Legal Project Management

En primer lugar debemos definir cuál es el perfil de esta figura que cada vez más encontramos en los despachos. Es una figura que se orienta a la parte comercial de la práctica, para tratar de optimizar mecanismos de negocio y prestación de servicios legales. En definitiva, como dice Anna Marra en el artículo “Estrategia y Legal Project Management”; “el LPM trata de elaborar con el cliente un plan de actuación, gestionando aspectos relevantes como alcance, tiempo, costes, recursos humanos, riesgos y comunicación. El Legal Project Management pretende orientar la efectividad operacional hacía los objetivos estratégico de la organización, conforme a su cultura, su visión y misión, para dotar el cliente con una solución orientada a sus exigencias más satisfactorias. La complejidad del ejercicio de la abogacía postula un modelo de negocio abierto a las nuevas necesidades y expectativas de los clientes. En el marco de dicha complejidad, el LPM permite adaptarse al cambio, gestionarlo o incluso adelantarse a eso de forma rápida y resolutiva en un entorno en constante movimiento caracterizado por una competencia acelerada de los actores involucrados”.

Como cada vez más los abogados necesitan adquirir estás nuevas habilidades, por este motivo ya existen muchas escuelas de negocio que lo incluyen en sus programas. Tenemos el caso del Legal Project Management Institute en Estados Unidos, fundado por Susan Raridon Lambreth y Carla Landry. Para Lambreth, los objetivos del LPM se encaminan a facilitar a los abogados a “planear, presupuestar y administrar asuntos de manera más efectiva, para así satisfacer las necesidades de los clientes y las metas de la organización”.

El Legal Project Institute enumera una serie de habilidades y herramientas que brinda a los profesionales, que son:

-Comprender las necesidades del cliente, sus expectativas y objetivos – a través del análisis de sus [i]stakeholders una comunicación efectiva.

-Desarrollar un proyecto que defina un acuerdo sobre el alcance del trabajo que se realizará sobre un tema.

-Ser capaces de desarrollar un presupuesto o estimado para un asunto legal – en muchos casos ser capaz de hacerlo con una tarifa fija.

-Analizar los riesgos asociados con el proyecto.

-Ser capaces de manejar el trabajo legal de acuerdo a lo presupuestado.

-Monitorear el caso o asunto a lo largo de su desarrollo para determinar cuándo hay cambios en sus stakeholders, alcance, riesgos y otros elementos críticos.

-Evaluar el caso o asunto al cierre del mismo para determinar las lecciones aprendidas y ser capaces de tomarlas en cuenta para el futuro.

Fuentes:

 


[i] es un término en inglés utilizado por primera vez en 1708 para determinar una persona o negocio que ha invertido dinero en algo.

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Acerca de Paola Agra

Graduada en Información y Documentación y Máster especializado en Patrimonio Bibliográfico por la Universidad Complutense. Profesionalmente me he dedicado principalmente a la documentación jurídica, pero mi pasión han sido, son y serán los libros.
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