Historia de la documentación patrimonial en España (Parte I)

CHARO BORRUEL ORTIZ

La creación de inventarios y catálogos que comprendiesen la riqueza cultural ha sido una preocupación constante de las Administraciones desde que el patrimonio histórico depende del poder público.

Durante el siglo XIX se toman las primeras medias, con la Real Cedula de 26 de marzo de 1802, por la que se obliga a notificar a la Real Academia de la Historia cualquier hallazgo de antigüedades, añadiendo además un listado de bienes muebles e inmuebles que es por su precisión el primer intento catalográfico.

La vigilancia de los bienes artísticos e históricos se delega en las Reales Academias de Historia y de Bellas Artes de San Fernando de acuerdo con la política de mecenazgo artístico ejercida por la corona desde la segunda mitad de siglo XVIII.

La desamortización de los ingentes bienes integrantes del patrimonio eclesiástico, comenzada en 1835, hicieron de la tarea de inventariar los bienes artísticos una labor prioritaria, pues la proliferación a partir de entonces los expolios, las exportaciones ilegales, la especulación, las destrucciones y las pérdidas del patrimonio histórico, que se sumaban a los graves daños que había infligido al patrimonio histórico español la invasión de las tropas napoleónicas.

Por la Real Orden de 29 de Junio de 1835, se crean comisiones artísticas en cada provincia, nombradas por los gobernadores civiles para que inventaríen los objetos de ciencias y bellas artes que puedan encontrar en los conventos destruidos.

Esta tarea no pudo realizarse debido a la falta de medios presupuestarios y por medio de la Circular del 19 de diciembre de 1835 se recurrió a los miembros de la Real Academia de la Historia para realizar el inventario de los bienes.

Los decretos de desamortización publicados posteriormente intentaron regular las riquezas histórico-artísticas, con atención especial a la trasmisión de estos bienes a los museos y bibliotecas provinciales que surgen en esos años para acoger todo este patrimonio.

Respecto a los bienes inmuebles, se trató de regular su tutela prescribiendo, por Real Orden de 2 de abril de 1844, que los jefes políticos provinciales enviaran una relación de los edificios nacionales por su mérito artístico o por sus recuerdos históricos merezcan conservarse: en ese mismo año comienzan las declaraciones de edificios de valor histórico como monumentos nacionales, la primera de las cuales recayó en la Catedral de León. Este mismo año se funda también la Comisión Central de Monumentos y las Comisiones

Provinciales dependientes de aquella, dotándolas de estatuto jurídico la Real Orden de 13 de Junio de 1844. Entre las competencias y obligaciones de las comisiones de monumentos, las más importantes se referían a las tareas de inventariar y catalogar el patrimonio histórico, como se lee en la norma fundacional de las mismas, que enumera estas obligaciones para con el patrimonio histórico: “adquirir noticia de todos los edificios, monumentos y antigüedades que existan en su respectiva provincia y merezcan conservarse”; “reunir los libros, códices, documentos, cuadros, estatuas, medallas y demás objetos preciosos, literarios y artísticos que estén diseminados en la provincia, reclamando los que hubieren sido sustraídos y puedan descubrirse”; “cuidar de los museos y bibliotecas provinciales”, etc…

La elaboración del catálogo de la riqueza artística nacional fue una preocupación fundamental de las comisiones de monumentos, la renovación del reglamento de dicha comisión en 1865 mantuvo el siguiente cuadro de funcionamiento encabezado por José Amador de los Ríos, como primer secretario de la Comisión Central, con José Caveda y Nada, José Madrazo y Aníbal Álvarez lideraron un plan de viaje arquitectónico por las provincias de España.

En el año de 1900, por Real Decreto de 1 de junio, se volvió a dar orden de emprender la catalogación completa y ordenada de las riquezas históricas o artísticas de la nación. Comenzó así la elaboración de catálogos monumentales, redactados por D. Manuel Gómez-Moreno, iniciándose los trabajos en la provincia de Ávila y continuando en León, Zamora y Salamanca aunque su publicación se retrasó tanto que no llegarán a la imprenta hasta el año 1983.

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Acerca de El Documentalista Audiovisual

Somos Isabel Borruel y Patricia Wert, dos documentalistas con muchas ganas de trabajar, mejorar y seguir aprendiendo. En este blog queremos compartir diversa información relacionada con nuestra profesión y la documentación audiovisual.
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